“Los derechos humanos desautorizan al terrorismo, mitigan la prepotencia de los Estados, construyen ciudadanos dispuestos a sostener la democracia y la equidad de economías pujantes mediante la defensa de sus derechos, son la cuna de las igualdades y la tumba de las esclavitudes, abiertas o disimuladas. En un mundo pobre, sin sindicatos ni reales partidos, los derechos humanos son la línea de resistencia del ciudadano libre. La actual democracia peruana ha sido construida sobre la lucha por los derechos humanos, clave de los derechos ciudadanos. Debilitar su vigencia es abrir las puertas a épocas superadas”.
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Por: Rosa Villarán de la Puente
Secretaria ejecutiva del Movimiento ciudadano Para que no se Repita
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Fundamento e importancia
Partimos de una seria constatación: La impunidad es un problema grave que aqueja particularmente a las sociedades post conflicto, genera el debilitamiento de la institucionalidad y de la democracia, e instala una cultura de olvido y tolerancia a graves delitos.
Ante ello, surge una corriente entre los Gobiernos Latinoamericanos para intentar “vacunarse” contra la violencia vivida –terrorismos de Estado, guerras internas–, adoptando políticas públicas de promoción y garantía de derechos para todos y todas por igual. A la vez, dieron cumplimiento al compromiso contraído por sus Estados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos convocada por las Naciones Unidas.
Así, la adopción de un Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDDHH) en el Perú, constituyó uno de los últimos destellos de la transición democrática iniciada en el 2001. Muestra de ello, nuestro PNDDHH incorpora como lineamiento estratégico, el cumplimiento de las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) del 2003, dotándolas de un carácter vinculante que no poseían.
El movimiento formó parte de la iniciativa que varias organizaciones de la sociedad civil en todo el país, bajo el liderazgo de CEDAL, y del Estado con el sector Justicia a cargo, emprendieron para su amplia consulta y posterior formulación, en diciembre de 2005.
Nuevos contextos
Pero es recién a partir de los resultados electorales de abril del 2006, que las organizaciones del Movimiento ciudadano Para que no se repita, junto a Forum Solidaridad Perú y Amnistía Internacional, deciden convocar a la construcción colectiva de una Agenda, que garantice y comprometa a los futuros miembros del Ejecutivo y Legislativo, con la Justicia y la Lucha contra la Impunidad.
En dichos comicios, en segunda vuelta –el 4 de junio de 2006–, resultaron democráticamente elegidos, Alan García Pérez como Presidente y Luis Giampietri Rojas como Primer Vicepresidente y Congresista de la República… había razones de peso para preocuparse.
Por ello, los días 3, 4 y 5 de julio de ese año, las organizaciones de los Grupos Impulsores de todas las regiones trabajamos la Agenda, procurando blindar logros recientes, identificar y priorizar puntos claves, y a la vez marcar hitos para la nueva administración al 2011. El ejercicio generó seis puntos concretos, correspondiendo a tres ejes, Reforma del Estado, Judicialización y Reparaciones.
En el primer punto de Reforma de Estado, recogemos el Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 –de carácter obligatorio para todos los poderes del Estado–, colocando su cumplimiento y nuestro compromiso en él, como la máxima prioridad, junto a los procesos concernientes a Justicia y Reparaciones. Todos los puntos de la Agenda se anclan a su vez, en las Políticas de Estado formuladas en el Acuerdo Nacional al 2021.
Difusión y Cabildeo
Esta “Agenda para el fortalecimiento de la Democracia” fue entregada a la Presidencia de la República y a los recientes 120 Congresistas, ni bien ocuparon sus puestos y curules. Igualmente, al Poder Judicial y Ministerio Público y paulatinamente, a los Ministros de Justicia y PCM conforme asumieron sus cargos. A ello, le siguieron varios meses de intenso cabildeo con los representantes de la política y el poder, comprobando que la iniciativa al diálogo es la mejor herramienta para validar una Agenda.
A fines del 2007, simbólicamente el Día Internacional de los Derechos Humanos, el mismo en que se inició el juicio al ex presidente Fujimori; en el Congreso de la República, todas las bancadas excepto la fujimorista, suscribieron el “Compromiso Ético y Político con los Derechos Humanos”. Esta Declaración se vio reforzada por la inclusión del artículo 19, numeral 12, en la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), que instituye la obligación del Presidente del Consejo de Ministros de informar anualmente al Parlamento sobre lo avanzado en la aplicación del PNDDH.
Tenaz desconocimiento
La conclusión más dramática tras 19 meses de diligencias con los poderes del Estado Central (mayo 2006 a diciembre 2007), fue el soberbio desconocimiento de la existencia del PNDDHH y de su obligatoriedad de cumplimiento. Asimismo, comprobamos resistencias en el órgano rector a cargo de su ejecución, más enfrascado en cuestionar su legitimidad que en aportar a su innovación y desarrollo.
Por otro lado, habíamos avanzado en el proceso de Reparaciones logrando con éxito uno de los seis puntos de la Agenda, la Reglamentación de la Ley 28592, encontrándonos a fines del 2007, con una CMAN instalada en la PCM y concentrada en ejecutar sólo uno de los Programas del PIR, el de Reparaciones Colectivas (PRC), y con un CR que, con lentitud frente a las urgencias, recién emprendía a cabalidad el Registro Único de Víctimas (RUV).
Del Estado Nacional al Estado Subnacional
Evaluamos necesario entonces, abrirnos a más actores sociales. Ya habían cumplido un año de gestión las nuevas Autoridades Regionales, Provinciales y Municipales del país, mostrando mayor disposición, y en muchos casos liderazgo, con el proceso de inclusión social y justicia. La región Ica concluía el proceso de consulta y elaboración del Plan Integrado de Desarrollo Social (PIDESO) en agosto del 2007. A fines de ese año, contábamos con 11 (once) Consejos Regionales, aplicando políticas públicas descentralizadas de reparación integral, donde las víctimas participan con voz y voto (cosa que no ocurre en el ámbito del gobierno central).
Pero surgió además un contrapeso al poder central. Se constituyó la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú (ANGRP) como un espacio para procesar y formular una Agenda Nacional desde las regiones. El movimiento ciudadano Para que no se Repita encontró allí una oportunidad política de primer orden, y les propusimos aliarnos en el emprendimiento.
Todos los Derechos, Todas las Regiones
Durante el año 2008, desarrollamos conjuntamente la campaña nacional “CVR+5: Justicia y Dignidad para todas y todas”, y para diciembre de ese año, ya habíamos reproducido el documento “Planes Regionales de Acción en Derechos Humanos” que la ANGRP promovió, y que junto al PNDDHH y las guías metodológicas validadas colectivamente en dos encuentros nacionales sucesivos, forman parte de la herramienta con la que hoy, desarrollamos la campaña de incidencia política 2009-2010 “Despliegue Nacional del enfoque de Derechos Humanos en las políticas públicas regionales y locales”.
La carpeta “Todos los derechos, Todas las regiones” con la que trabajamos esta campaña, busca comprometer en la gran agenda del desarrollo con justicia, inclusión y derechos, a los 1,833 alcaldes distritales y 192 autoridades provinciales, es decir a todo el Estado peruano. La reciente promulgación del Plan Regional de Derechos Humanos de Junín 2009-2015, junto a la Agenda Regional de Derechos Humanos de Apurímac, resultan precedentes muy alentadores.
Cerrando el círculo
Como ha quedado demostrado, el Plan Nacional de Derechos Humanos ha sido en buena parte formulado, y sobre todo muy sostenido , por la sociedad civil en alianza con su Estado Subnacional. Para la actual administración, no ha constituido una prioridad.
Sin embargo, el movimiento profesa la honda convicción de que las Agendas sostenibles, se construyen de abajo hacia arriba, y suelen ser esa presión y esos ejemplos, los que obligan al Gobierno Central a cumplirlas. En esta persistencia nos encontramos hoy, afirmando el camino de los derechos humanos ya no sólo para convertirlos en políticas públicas, sino también y particularmente ahora, en factor de debate en la agenda pública regional durante los comicios del 2010.
Nuevamente, el contexto electoral nos sorprende con un evidente saldo en contra en materia del PNDDHH. Pues sí, pero hay dos maneras de mirar el vaso, la mitad llena o la mitad vacía. De nuestra parte, atesoramos todos los avances que los procesos como los de Kunturkanki en Cusco, o los de Loreto, Apurímac y Pasco que compartiremos en la 14° Reunión Nacional de noviembre, junto a los logros en más de doce regiones, fortalezcan nuestra convicción de que la impunidad no se instalará, y que la única manera de vacunarnos contra la violencia sufrida, es anteponiéndole derechos y más derechos, empoderando a los titulares de estos derechos, en su cumplimiento.
Una línea final. La Agenda para el Fortalecimiento de la Democracia en el segundo punto de Reforma de Estado, propone legislar la imprescriptibilidad de los delitos de alta corrupción… les invitamos a firma el planillón de la iniciativa legislativa que el Grupo de Trabajo contra la Corrupción ha lanzado para garantizar, entre otras cosas, que no volvamos a elegir en el 2011, un presidente corrupto prescrito como el que tenemos hoy. De todos nosotros depende.
[1] El Perú firma la Declaración y el Programa de Acción de la Cumbre Mundial de Derechos Humanos celebrado en Viena, en 1993.
[1] El PNDDHH reúne un conjunto de normas de cumplimiento obligatorio para todos los poderes del Estado debido a su carácter vinculante al ser promulgado como Decreto Supremo 017-2005-JUS en Diciembre de 2005. Portal del MIMDES http://www.mimdes.gob.pe/dgdcp/normas/pn_ddhh_2006_2010.htm
[1] Ver en: http://www.paraquenoserepita.org.pe/apoyo2.php
[1] El 20 de diciembre de 2007 fue publicada la Ley 29158, nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE).
[1] CMAN: Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional.
[1] PCM: Presidencia del Consejo de Ministros. Cuando formulamos la Agenda, la CMAN había sido transferida al Ministerio de Justicia, restándole jerarquía. Nuestra propuesta de regreso a la PCM fue cristalizada.
[1] CR: Consejo de Reparaciones. Instalado en octubre de 2006. Su mandato es elaborar el Registro Único de Víctimas, RUV, instrumento que será utilizado por las instituciones del Estado encargadas de implementar el Plan Integral de Reparaciones, congregadas en la CMAN.
[1] A la semana siguiente de la presentación del PIDESO, la región Ica fue devastada por el terremoto de El PIDESO http://www.cedal.org.pe/publicaciones/ddhh/PIDESO.pdf
[1] Avanza la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Editorial del Grupo Propuesta Ciudadana. Abril de 2007. Ver en: http://www.propuestaciudadana.org.pe/n-editorial.shtml?x=50441
[1] La Cooperación Internacional ha constituido un aliado estratégico, sin el cual hubiera sido imposible sostener el PNDDHH.
[1] GTCC - Grupo de Trabajo Contra la Corrupción está compuesto por: Forum Solidaridad Perú ; Consorcio Justicia Viva ; Red Jubileo Perú ; Instituto de Defensa Legal (IDL) ; Red Perú ; Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) ; Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ; Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita (PQNSR) ; CARE ; Grupo Propuesta Ciudadana ; Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) ; Centro Interamericano de Gobernabilidad ; Instituto Bartolomé de las Casas ; DESCO ; Servicios Educativos Rurales y FOVIDA Ver: http://www.corrupcionenlamira.org/portal/?page_id=2
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