“Quitar la vida a una persona con la autorización del Estado es uno de los actos más graves en que un gobierno puede incurrir. Instamos a todos los gobiernos a cumplir los compromisos contraídos en la ONU y abolir la pena de muerte de una vez por todas.” Asamblea General de la ONU, diciembre de 2007.
IRÁN, 15 enero 2008: Once personas –nueve mujeres y dos hombres– aguardan a morir lapidadas por cargos de adulterio. Muchas han sido condenadas tras juicios flagrantemente injustos. El Código Penal iraní dispone la ejecución por lapidación como castigo para el adulterio. Incluso establece que las piedras deben ser lo suficientemente grandes como para causar dolor, pero no tanto como para matar a la víctima inmediatamente.
CHINA: En julio de 2007, Zheng Xiaoyu, ex director de la Administración Estatal de Productos Alimentarios y Farmacéuticos del Estado fue ejecutado por aceptar sobornos y negligencia en el cumplimiento del deber. Muchos de los delitos que en China se pueden castigar con la pena de muerte, unos 68, son delitos no violentos. Entre ellos se encuentran la evasión fiscal, el contrabando y la prostitución organizada.
EEUU: La aplicación de la pena capital en EEUU es –a todas luces– racista. Las personas negras son víctimas de delitos violentos más o menos en la misma proporción que las blancas; sin embargo, el 82 por ciento de los presos ejecutados desde 1977 habían sido condenados por asesinar a blancos. En el sistema judicial que los ha juzgado y condenado los blancos siguen constituyendo una abrumadora mayoría. En 1998, en los estados que aplican la pena capital había 1.838 funcionarios (la mayoría fiscales de distrito) encargados de decidir si pedir o no la pena de muerte en casos concretos. De ellos, 1.794 eran blancos.
MÁS DATOS DEL 2007: En julio, Ja’Far Kiani, padre de dos hijos, fue lapidado en Irán por adulterio. En octubre, un hombre de 75 años, gerente de una fábrica norcoreana, fue ejecutado por fusilamiento por no haber declarado su origen familiar, invertir dinero propio en la fábrica, nombrar gerentes a sus hijos y hacer llamadas telefónicas internacionales. En noviembre, Mustafa Ibrahim, ciudadano egipcio, fue decapitado en Arabia Saudí por brujería. Tres países --Irán, Arabia Saudí y Yemen—llevaron a cabo ejecuciones por delitos cometidos por personas menores de 18 años.
Estos datos los he recogido del Informe ‘Condenas a muerte y ejecuciones en 2007’ dado a conocer hace tan sólo unos días, el 15 de abril de 2008 por Amnistía Internacional.
Es clarísimo que la pena de muerte ‘consiste en el asesinato a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia’. Demuestra la incapacidad de los Estados y Gobiernos de encontrar las soluciones de fondo que reclaman los condenables hechos de criminalidad. Debilita el sistema de justicia, echa por tierra los programas de prevención, de seguridad ciudadana, de salud mental y otros necesarios para atender las causas de esta criminalidad y actúa sólo sobre sus efectos, abandonando las profundas reformas que reclaman las y los ciudadanos, en favor de una vida digna, segura y protegida en condiciones de igualdad para todos.
El argumento de la disuasión queda descartado en un reciente informe de NNUU que recoge conclusiones contundentes de una investigación: “no es prudente aceptar la hipótesis de que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio sobre los asesinatos que la amenaza y aplicación de la cadena perpetua, pena supuestamente inferior” . El mismo estudio, al analizar los datos sobre la relación entre los cambios en la aplicación de la pena de muerte y los índices de criminalidad señala en su página 214 lo siguiente: "El hecho de que las estadísticas continúen apuntando en la misma dirección es un argumento convincente de que los países no tienen por qué temer cambios súbitos y graves en los índices de criminalidad si reducen su recurso a la pena de muerte".
En la mayoría de los casos, los gobiernos las usan como herramientas políticas para el sometimiento frente a personas con ideas disidentes y/o para subir sus puntos en las encuestas. Cabe aquí recoger una experiencia en contrario: François Mitterrand que, en plena campaña presidencial (1980) mientras que, según los sondeos, el 63% de los electores se oponían a la abolición de la pena de muerte, tuvo el valor político de afirmar por televisión su convicción, arriesgándose a perder los votos necesarios para ser elegido. Fue elegido presidente y abolió la pena de muerte el 30 de septiembre de1981.
En nuestro país, la pena de muerte existió de ‘facto’ durante el conflicto armado interno vivido entre los años 1980 y 2000 y eso explica en parte, algunas de las opiniones vertidas en este foro a favor de matar a los que matan.
Roger Hood, The Death Penalty: A World-wide Perspective , Oxford, Clarendon Press, tercera edición, 2002, pág. 230
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